STURZENEGGER CONFIRMÓ LA ELIMINACIÓN DEL APORTE OBLIGATORIO A COVIAR Y LO CALIFICÓ COMO “UNA ABERRACIÓN”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado anunció el fin de las contribuciones obligatorias que las bodegas debían pagar para financiar a una entidad privada.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes la eliminación de un esquema de financiamiento que calificó como una «aberración» para la industria vitivinícola argentina. A través de una resolución de la Secretaría de Agricultura, el Gobierno nacional puso fin a la obligación de las bodegas de pagar un impuesto destinado a financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Según el funcionario, esta medida busca devolver competitividad a un sector clave para el país. «Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a privados», sentenció Sturzenegger, explicando que el Estado recaudaba fondos no para el gasto público, sino para sostener a una entidad privada bajo un esquema de «financiamiento coactivo».

El fracaso de un plan de 20 años y USD 300 millones

Sturzenegger explicó que desde 2004 todos los productores del país pagaban una contribución obligatoria por elaborar, embotellar y vender vino, dinero que iba a financiar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) manejado por la COVIAR. Sin embargo, el ministro fue lapidario con los resultados: aunque prometían exportaciones por 2.000 millones de dólares y capturar el 10% del mercado mundial, ninguna meta se cumplió.

“La realidad 22 años después es que las exportaciones nunca llegaron a la marca de USD 2.000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%”, detalló el ministro en su cuenta de X.

En total, se estima que se le quitaron al sector unos 300 millones de dólares para financiar una estructura que, lejos de aportar competitividad, la reducía al aumentar sus propios aportes por encima de la inflación.

Denuncia de «ilegalidad» y falta de transparencia

Uno de los puntos más políticos del anuncio fue la denuncia de que la COVIAR operaba fuera de la ley desde hace años. El ministro señaló que el mandato original del plan venció en 2020 y que la entidad intentó «autoprorrogarse» el financiamiento de manera unilateral. “En realidad, COVIAR estaba cobrando en la ilegalidad”, disparó Sturzenegger, agradeciendo a un productor mendocino, Carlos Clement, por alertar sobre el mandato vencido.

Además, el funcionario criticó duramente el método de recaudación, señalando que a las bodegas que no pagaban se las clausuraba, mientras que “tampoco existía transparencia ni información certera sobre el uso de los fondos” que recibía la institución. Esta medida se enmarca en la política del presidente Javier Milei de eliminar privilegios creados por ley a favor de instituciones específicas.

Libertad de asociación: Aportes voluntarios, no obligatorios

La nueva normativa no implica que la COVIAR desaparezca, pero cambia radicalmente su forma de financiarse. Sturzenegger defendió la «libertad de asociación» y sostuvo que una cámara empresaria debe sostenerse con el aporte voluntario de sus miembros.

“Una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado”, afirmó tajante. A partir de ahora, si la entidad desea continuar operando, deberá hacerlo si sus miembros consideran que aporta valor y deciden financiarla voluntariamente, como ocurre con otras cámaras como «Bodegas de Argentina» o «Wines of Argentina».

«Sacamos al Estado de adentro de la bodega»

Para finalizar, el ministro enmarcó esta decisión en una «profunda transformación» de la industria que incluye la quita de controles redundantes y regulaciones obsoletas. Argentina, como quinto productor mundial de vino, recupera así una herramienta de competitividad al eliminar un peso impositivo que Sturzenegger definió como una carga innecesaria para quienes trabajan la tierra.

“Sacamos al Estado de adentro de la bodega… lo único que necesitaba [la industria] es que la dejen trabajar y que la (nos) dejen de expoliar”, concluyó el ministro. La resolución 55/26, firmada por el Secretario de Agricultura Sergio Iraeta, establece que ya no existirán más contribuciones obligatorias ni financiamiento público nacional para el plan de la COVIAR.