Guaymallén puso en marcha una política pública inédita en la provincia: brindará hogar, acompañamiento profesional y contención a personas recién liberadas que estén en situación de calle o sin red familiar. La medida surge de un convenio firmado con el Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM), enmarcado en el Protocolo de Articulación Interinstitucional para el Acompañamiento de Personas Privadas de Libertad y Liberados Tutelados en Situación de Vulnerabilidad Social.
El acuerdo tiene un propósito central: reducir la reincidencia y asegurar que quienes recuperan su libertad puedan atravesar un proceso real de reinserción social. Para eso, se trabajará en la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y en la coordinación directa entre el municipio y el sistema penitenciario.
Según explicaron desde el SPM, muchos liberados salen sin familia, sin domicilio y sin trabajo, lo que los expone nuevamente al delito o a vivir en la calle. Con este programa, quienes cumplan esas condiciones recibirán asistencia integral, orientación profesional y un lugar donde vivir durante la etapa inicial de su libertad.
Alejandra Llarena, subdirectora general del SPM, destacó que “es fundamental articular con otros organismos del Estado para acompañar no solo durante la estadía en prisión, sino también en la libertad, garantizando seguridad social y una mejor calidad de vida”. La funcionaria remarcó que esta política se articula con las áreas municipales de Desarrollo Social y con la Dirección de Promoción y Control de los Liberados, para asegurar un seguimiento sostenido.
El convenio lleva la firma de la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus, y del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quienes coincidieron en que la medida está dirigida a personas sin red familiar, sin domicilio establecido, a liberados que hayan llegado desde otras provincias y necesiten regresar a sus hogares, o a quienes atraviesen vulnerabilidad extrema.
La apuesta es clara: ofrecer contención para evitar que la libertad sea sinónimo de abandono. Una política que, por primera vez, propone unir seguridad, desarrollo social y justicia para acompañar a quienes más lo necesitan en el momento más crítico de su reinserción.
