El Gobierno avanzó con cesantías, suspensiones y sumarios por amenazas, certificados médicos falsos, actividades prohibidas y causas penales

El Ministerio de Seguridad dispuso una nueva serie de medidas disciplinarias dentro de la Policía de Mendoza, según consta en decretos publicados en el Boletín Oficial. Las resoluciones incluyen despidos, suspensiones y la continuidad de sumarios administrativos contra distintos efectivos por hechos que van desde causas penales hasta la presentación de certificados médicos presuntamente falsos. Todos los decretos llevan la firma de la ministra Mercedes Rus.

Cesantía confirmada a un ex auxiliar por amenazas

Seguridad ratificó la expulsión definitiva de un ex auxiliar policial, rechazando el recurso con el que intentaba recuperar su cargo. El agente había sido sancionado en 2022 tras ser imputado por el delito de “Amenazas Simples”, causa en la que posteriormente fue sobreseído.

El dictamen de Asesoría de Gobierno aclaró que el sobreseimiento se dictó por prescripción y no por inocencia, y que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal. La vía administrativa quedó agotada y el ex policía tiene 30 días para acudir a la Suprema Corte.

Sumario confirmado contra un policía de San Rafael

También se ratificó la continuidad de un sumario disciplinario contra un efectivo de San Rafael investigado por dos hechos: la vinculación de un vehículo de su propiedad en un robo simple y el desarrollo de actividades lucrativas externas, prohibidas por la normativa policial.

La defensa alegó irregularidades en la recolección de pruebas por parte de la Inspección General de Seguridad, pero el Ejecutivo rechazó el planteo al considerar que se trató de diligencias preliminares válidas que no perjudican al efectivo. El policía tiene 30 días para recurrir a la Corte.

Certificado médico apócrifo: proceso disciplinario válido

Un agente penitenciario continuará siendo investigado por la presentación de un certificado médico presuntamente falso para justificar ausencias. La médica cuyo sello aparecía en el documento desconoció la firma y el contenido, motivo por el que se inició un sumario por faltas graves.

El agente argumentó que no hay imputación penal firme y que no tuvo acceso completo a las actuaciones, pero el Gobierno sostuvo que la responsabilidad administrativa es autónoma de la penal y que el efectivo sí contó con acceso al sistema GDE. La suspensión recomendada de 35 días aún no es una sanción aplicada.

Homicidio culposo: continúa el sumario pese al recurso en la Corte

La Vicegobernación confirmó la continuidad del sumario contra un policía condenado por lesiones graves dolosas calificadas y homicidio culposo. El Tribunal Penal Colegiado 1° le impuso tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

El efectivo pidió frenar el proceso administrativo mientras la Suprema Corte analiza un recurso de revisión, pero el Ejecutivo rechazó la solicitud señalando que no existe una sanción previa cuya ejecución pueda suspenderse y que el recurso extraordinario no detiene los efectos de la condena firme.

Despido confirmado por falta de adaptación

El Gobierno también rechazó la revocatoria presentada por una ex auxiliar policial y confirmó su desvinculación, establecida en 2025 mediante el Decreto 1453/2025. El dictamen indicó que su cargo era interino y requería confirmación expresa, y que existieron fundamentos técnicos para no renovarla, entre ellos la falta de adaptación al régimen policial y la gravedad de hechos evaluados en actuaciones internas.