La aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado provincial dejó expuesta la posición de cada legislador frente a una discusión clave para el futuro de Mendoza. Entre todos los votos, uno generó especial controversia: el del senador alvearense Walther Marcolini, quien acompañó el avance del proyecto extractivo pese a representar al único departamento mendocino históricamente reconocido por su lucha ambiental.
La sesión estuvo marcada por una movilización masiva en toda la provincia. Miles de ciudadanos salieron a las calles para defender la Ley 7722 y rechazar la megaminería contaminante. En General Alvear —epicentro de la resistencia ambiental desde hace más de veinte años— el voto de Marcolini cayó como un balde de agua fría.
Desde 2005, Alvear ha sido ejemplo nacional de organización social frente al avance de proyectos mineros contaminantes. Su participación decisiva en el “Vendaval Verde” de 2019, su firme defensa de la Ley 7722 y su compromiso colectivo con el agua como recurso estratégico lo convierten en un bastión ambiental único en la provincia.
Por eso, el voto afirmativo de Marcolini no solo generó rechazo político, sino también una profunda sensación de traición en amplios sectores de la comunidad. Para las organizaciones socioambientales, su postura implica alinearse con una lógica extractiva que contradice la matriz productiva agrícola, ganadera y vitivinícola del Sur mendocino.
El senador justificó su decisión señalando que la minería es posible “si cumple con los parámetros” de la Ley 7722. Pero para las asambleas, ese planteo no resiste análisis técnico ni histórico, dado que la actividad metalífera ha demostrado altos niveles de riesgo ambiental incluso con marcos regulatorios estrictos.
El voto de Marcolini generó una ola de críticas que cruzaron partidos políticos, cámaras productivas, organizaciones territoriales y vecinos autoconvocados. Entre las principales objeciones se mencionan:
Desconocer la historia ambiental de General Alvear, territorio que ha frenado múltiples intentos de avance minero.
Ignorar el mandato social de miles de vecinos que se movilizaron exigiendo la defensa del agua.
Adoptar una postura funcional al Gobierno provincial, en lugar de defender los intereses productivos del departamento.
Desatender el impacto económico negativo que un proyecto minero podría tener sobre las actividades que dependen del agua como base de su desarrollo.
Incluso en sectores internos del radicalismo alvearense se generó malestar, debido a que Marcolini tomó su decisión de manera aislada, sin acompañar el reclamo de un debate más profundo en comisiones ni atender al clima social del Sur mendocino.
La aprobación de San Jorge ya quedó registrada como un capítulo crítico en la historia ambiental de Mendoza. Pero para General Alvear, representa un punto de quiebre: la ruptura entre un senador y la identidad más sólida del departamento.
Para muchos alvearenses, Marcolini dejó de representar el sentir colectivo de una sociedad que ha defendido su agua con convicción, movilización y coherencia durante dos décadas.
Mientras el Sur mendocino continúa levantando la bandera del agua como eje de su futuro, el voto de Marcolini quedará en la memoria como una decisión que profundizó la distancia entre un dirigente y el pueblo que alguna vez lo eligió para defender sus prioridades más urgentes y esenciales.








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