El oficialismo logró que la reforma del Estatuto del Empleado Público sea ley

La votación terminó siendo reñida por un empate de 19 votos afirmativos y 19 negativos, resultado que fue desempatado por la vicegobernadora Hebe Casado, quien votó a favor de la propuesta impulsada por el Gobierno provincial.

Desde el bloque de Adriana Cano, no acompañaron la iniciativa y pedían que el proyecto vuelva a comisiones por falta de consenso, pero el oficialismo hizo valer su mayoría y se impuso. 

Cano sostuvo que la propuesta se centra en el ataque sistemático y la precarización del empleo público en Mendoza, impulsada por el Ejecutivo y aprobada mediante “mayorías automáticas”. 

En su intervención, la legisladora peronista consideró que el gobernador utiliza a la Legislatura para ratificar expedientes de “fracasos paritarios” y para otorgar aumentos salariales por decreto a su conveniencia. 

“El proyecto de modificación del estatuto debería haberse discutido en los ámbitos paritarios, pero el gobernador demuestra un “desconocimiento” y “desapego” hacia los principios laborales y la libertad sindical”, lanzó. 

Asimismo, Cano denunció un “modelo de concentración de poder” donde el gobernador no tolera los contrapesos, ahoga las instituciones, y centraliza la determinación política del ingreso y despido al Estado.

Cambios Clave de la Reforma

Entre las modificaciones esenciales que plantea el proyecto, destacan:

• Alcance y Modernización: Se modernizan los artículos iniciales del Decreto Ley 560/73, extendiendo su alcance a personal que actualmente estaba excluido de la carrera administrativa.

• Estabilidad Laboral: Se establecen diferencias claras en los derechos de estabilidad laboral entre los agentes permanentes y los empleados interinos o contratados.

• Antigüedad e Indemnización: Se limita el cómputo de la antigüedad únicamente a aquellos servicios que cuenten con relación de dependencia y aportes previsionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.

• Procedimientos Administrativos: Se busca eliminar procedimientos recursivos obsoletos y se establece la aplicación del procedimiento administrativo común, tal como lo prevé la Ley 9003.. En cuanto a la defensa del trabajador, se mantiene el acceso a los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y se habilita la acción procesal administrativa regulada por la Ley 3918 en caso de agotar la vía administrativa.

RG / FT