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Paraguay:Denuncian el rescate VIP y retiros millonarios con información privilegiada antes del corralito de Ueno

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Vallejo exigió investigar a políticos y directivos que rescataron sus fondos en la víspera del colapso. La fuga salpica a parientes de Peña y clientes argentinos.

La diputada Rocío Vallejo y un grupo de parlamentarios presentaron este lunes una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas por el presunto rescate VIP de fondos en Ueno Bank. La denuncia busca que el Ministerio Público rastree todos los movimientos financieros sin distinciones ni blindajes políticos.

El objeto principal de la investigación penal apunta al posible uso de información privilegiada por parte de directivos, autoridades públicas y personas influyentes. Estos clientes “avisados” habrían retirado sus depósitos millonarios antes del comunicado del Banco Central del Paraguay sobre la resolución de intervención.

La denuncia apunta además al trato desigual y discriminatorio que habrían sufrido los clientes comunes de la entidad bancaria frente al grupo selecto resguardado. 

Clientes ‘avisados’ habrían retirado sus depósitos millonarios antes del comunicado del Banco Central del Paraguay emitiendo la resolución de intervención

Las conductas expuestas ante la Fiscalía configuran los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal por la extracción articulada de fondos. Según la denuncia, la fuga de recursos ocurrió en el periodo crítico previo a la medida dictada el 2 de noviembre por el organismo regulador.

Denuncian el rescate VIP y retiros millonarios con información privilegiada antes del corralito de Ueno

Aunque la denuncia es innominada, los nombres puestos bajo sospecha en las últimas semanas salpican, entre otros, a Manuel Peña, hermano de Santiago Peña y vinculado a la empresa Wels, señalado por haber retirado G. 2.454 millones antes del cierre. Asimismo, la directora de Experiencias de Clientes de Ueno Bank, Silvia Bracho, fue acusada por exfuncionarios de transferir más de G. 460 millones a familiares horas antes del colapso.

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La nómina de salidas sospechosas incluye a cerca de 1.000 ciudadanos argentinos que retiraron más de USD 1 millón unos 15 días antes de la intervención bancaria. De acuerdo al periodista agentino Carlos Burgueño, estos capitales extranjeros fueron derivados al Banco de la Nación Argentina.

La nómina de salidas sospechosas incluye a cerca de 1.000 ciudadanos argentinos que retiraron más de USD 1 millón unos 15 días antes de la intervención bancaria

Ante estos hallazgos, los denunciantes solicitaron al Ministerio Público la incautación e inspección de planillas de caja, transferencias de alto monto y registros de retiros previos a la resolución del BCP. Paralelamente, se pidió investigar si administradores de fondos públicos recibieron alertas y omitieron resguardar el patrimonio estatal, o si facilitaron el retiro preferencial a terceros vinculados.

Como medida clave para rastrear el destino final del capital extraído, la denuncia requiere la intervención urgente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. La institución deberá analizar a qué cuentas, personas físicas o entidades financieras nacionales e internacionales fueron derivados los fondos sacados del banco.

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El escenario de desprotección institucional reabrió el debate sobre la legislación anti-puertas giratorias derogada apenas iniciado el Gobierno de Peña. Este lunes, la Contraloría planteó restablecer la legislación original, con el objetivo de recuperar las salvaguardas legales que prevenían el tráfico de influencias y el uso indebido de información estratégica.

La propuesta de la Contraloría restituye las restricciones posteriores al cese de funciones de altas autoridades y reinstala al grupo familiar dentro del régimen de prevención de conflictos de intereses. La iniciativa busca cerrar las brechas legales que permitieron migrar de forma inmediata entre el control estatal y el directorio de entidades financieras privadas.

El proyecto incorpora una prohibición específica de dos años para directores del Banco Central del Paraguay, superintendentes de Bancos, Seguros y Valores, y funcionarios clave. Durante ese periodo no podrán asumir cargos directivos, gerenciales, de sindicatura ni asesorías en entidades supervisadas o empresas de su mismo grupo económico. Con esto se busca neutralizar el traspaso de datos confidenciales.

La reforma se complementa con la nueva Ley Orgánica y Funcional de la CGR, que busca modernizar las atribuciones constitucionales de la institución a través de seis ejes. La norma contempla acceso a datos estatales en tiempo real, uso de inteligencia artificial y declaraciones juradas sin vacíos, sumados a la rectoría anticorrupción, recupero de fondos y auditorías en emergencias.

Fuente: Politicaonline

 

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