Concejal bajo la lupa: Antolín, nuevamente cuestionado por incumplir una inhabilitación

El concejal libertario Martín Antolín volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica en San Rafael, luego de que circularan en redes sociales videos donde se lo observa conduciendo una lancha a alta velocidad en el embalse Los Reyunos, a pesar de contar con una inhabilitación vigente para conducir vehículos.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron indignación social y reabrieron el debate sobre la conducta pública de los funcionarios y el respeto a las sanciones impuestas por la Justicia y los organismos de control.

Un antecedente reciente y grave

El episodio se produce pocas semanas después de que Antolín fuera sancionado por conducir alcoholizado en la Ciudad de Mendoza, infracción por la cual recibió una multa cercana a los 4 millones de pesos y la retención de su licencia de conducir por el plazo de un año.

Aquella situación derivó en un fuerte debate político dentro del Concejo Deliberante de San Rafael, donde sectores de la oposición impulsaron su remoción del cargo. Sin embargo, el edil logró conservar su banca gracias al respaldo del bloque peronista, que avaló una suspensión temporal, medida que ya había generado cuestionamientos en parte de la ciudadanía.

Nuevas dudas sobre el cumplimiento de las sanciones

La difusión de los videos en Los Reyunos reactivó las críticas y puso en tela de juicio si el concejal está cumpliendo efectivamente la inhabilitación que pesa sobre él. Especialistas en normativa vial remarcan que las sanciones suelen alcanzar a todo tipo de vehículos, lo que podría abrir la puerta a nuevas responsabilidades administrativas o judiciales.

Aunque resta que los organismos competentes determinen si la prohibición incluye formalmente la conducción de embarcaciones, el episodio expone una cuestión más profunda. Las sanciones no existen solo para cumplir con un expediente, sino para establecer límites claros frente a conductas peligrosas. Desentenderse de ese límite, aun apelando a interpretaciones legales, implica vaciar de contenido a la propia sanción.

El caso volvió a instalar un fuerte debate en San Rafael sobre:

• El ejemplo que deben dar los funcionarios públicos

• El alcance real de las sanciones cuando involucran a dirigentes políticos

• El rol del Concejo Deliberante frente a conductas reiteradas

Mientras tanto, desde distintos sectores reclaman explicaciones públicas y que se evalúen nuevas medidas disciplinarias, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones vuelve a quedar en el centro de la escena.