La Provincia de Mendoza afrontará en 2026 el pago de 393 juicios con sentencia firme, que representan un monto total cercano a $16.000…
La Provincia de Mendoza afrontará en 2026 el pago de 393 juicios con sentencia firme, que representan un monto total cercano a $16.000 millones. La cifra fue incluida en el Presupuesto 2026 presentado ante la Legislatura por la Fiscalía de Estado, aunque los fondos asignados por el Ministerio de Hacienda sólo alcanzan para cubrir el 37% del total.
Del monto a pagar, más del 80% corresponde a intereses acumulados durante años de litigios, lo que refleja el impacto de la inflación y la demora en la resolución de las causas. Solo el 18,75% del total corresponde al capital original.
Según los datos oficiales, las sentencias firmes suman $3.024 millones de capital nominal y $13.091 millones en intereses, con una tasa promedio que supera el 450%, producto de juicios iniciados hace entre dos y cuatro años.
Los 20 juicios más costosos representan más de la mitad del capital total adeudado, con $1.600 millones, es decir, el 55% de los fondos necesarios. Entre ellos, se destacan causas de prescripción adquisitiva vinculadas a antiguos litigios con el Banco Mendoza y la Provincia, que representan el 14% del total.
El 34% de los juicios corresponde a acciones procesales administrativas, principalmente por reclamos laborales, diferencias salariales, despidos y reincorporaciones. Un 30% deriva de demandas por daños y perjuicios, entre ellas casos de mala praxis médica en hospitales públicos.
Otro 8% está destinado a acuerdos previstos en la Ley 9234, que buscan evitar nuevos litigios y reducir el pago de intereses, mientras que una porción menor se relaciona con acciones de amparo por urgencias administrativas.
Durante la presentación ante la Legislatura, la Fiscalía de Estado advirtió un error en las partidas asignadas por Hacienda. El organismo detectó una asignación de $6.000 millones en “bienes corrientes”, cuando había solicitado sólo $13 millones para ese concepto. En paralelo, no se destinaron fondos para bienes de capital ni para el pago de juicios, pese a que se habían pedido $100 millones y $16.000 millones respectivamente.
Todo indica que los $6.000 millones asignados erróneamente serían utilizados para cubrir parte de las sentencias judiciales. Sin embargo, el monto sigue siendo insuficiente, ya que solo representa un 37,5% del total requerido.
El presupuesto operativo de la Fiscalía de Estado representa solo el 0,11% del total provincial, un porcentaje que se mantiene bajo en relación con la magnitud de los compromisos judiciales que enfrenta la provincia.
De no corregirse las partidas o reforzarse los fondos a lo largo del año, el Gobierno provincial podría afrontar más de un centenar de ejecuciones judiciales antes de mediados de 2026.








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